Alza la Voz

Alza la voz.
Únicamente en el 1.5% de los casos en que se comete un delito los agresores son sentenciados; el 80% de quienes se encuentran recluidos en los centros de readaptación social están acusados de delitos patrimoniales cuyo monto es menor a 5000 pesos y quienes se dedican a la delincuencia organizada o ejecutan delitos de cuello blanco caminan tranquilamente por las calles; la mayoría de las veces es casi imposible que las víctimas de los delitos obtengan la reparación del año; pasan los años y todos nos preguntamos si de verdad existe el “juicio político”, y si alguna vez serán sancionados los funcionarios públicos de alto nivel que incurren en faltas administrativas o delitos, y esto sólo por citar algunos ejemplos.
Peor aún, en la mayoría de los casos de transgresión de derechos no existe proceso legal alguno ante autoridades competentes porque en todo México no tenemos una cultura de la denuncia, y por supuesto, Puebla no es la excepción.
Los factores son diversos, el primero de ellos, -y probablemente el más grave-, es la falta de confianza que los ciudadanos tienen en las autoridades y viceversa. Así, muchos particulares piensan que lo servidores públicos están coludidos con quienes les hicieron daño o los privaron de algún bien o derecho; que los encargados de la tramitación del procedimiento van a actuar con negligencia y falta de probidad, o va a existir tráfico de influencia o abuso de autoridad; que no los van a proteger de posibles amenazas o venganzas de sus agresores, y que el procedimiento a seguir va a ser muy largo y oneroso.
Y precisamente por falta de confianza, es que los servidores públicos imponen cargas innecesarias a los particulares en cualquier trámite, además de que no cuentan con archivos y padrones confiables en cada caso, ni una debida coordinación e intercambio de información entre entidades o dependencias de gobierno, por lo que exigen a los ciudadanos una y otra vez que demuestren los mismos hechos que ya obran en autos o registros oficiales; y en muchos procesos, entre ellos, en la substanciación de averiguaciones previas, los requieren para que proporcionen datos que comúnmente no tienen nada que ver con la resolución de los asuntos, como el grado escolar o estado civil de las partes.
Otro factor importante es que generalmente son cuantitativos los indicadores para evaluar el desempeño de cada órgano de gobierno, por lo que si ejecutan un programa de denuncias, es claro que éstas aumentarán significativamente, lo que no quiere decir que se incremente el número de delitos, pero ésta última es la lectura política que generalmente se realiza, lo que influye negativamente en el ánimo de la población al momento de calificar al gobierno en turno.
Asimismo, en muchos casos, la propia autoridad no proporciona a los particulares la información necesaria para denunciar conductas ilegales, porque no cuenta con los recursos humanos, materiales y económicos para atender todas las demandas de la población en ese sentido.
En fin, podría seguir enunciando una gran cantidad de razones por las que considero, que dentro de nuestro sistema jurídico y político no se ha fortalecido la cultura de la denuncia; sin embargo, lo que quiero dejar en claro es que las propias autoridades han demostrado que no pueden solas, que las denuncias realizadas en forma aislada por los particulares a través de números telefónicos, buzones de quejas y correos electrónicos, no han logrado ni lograrán en el corto plazo los resultados esperados; por tanto, no debemos esperar más, la ciudadanía debe actuar ya, a través de su participación organizada.
Esto es así, ya que las autoridades sienten mayor presión cuando no es un ciudadano aislado, sino los grupos representativos de la sociedad quienes empiezan a evaluar a sus funcionarios, cuando vigilan los actos tendientes a la prevención y persecución de los delitos, cuando los alimentan con información, cuando dan seguimiento puntual a las denuncias presentadas, cuando se atreven a alzar la voz a favor de otros.
De esta manera, por ejemplo, quienes trabajan en centros educativos o pertenecen a asociaciones de padres de familia, pueden apoyar en forma importante, ya que conocen de mejor manera las razones por las que los estudiantes dejan de ir a clases, los casos de desaparición de éstos, los delitos de lesiones, violencia intrafamiliar y daños a la libertad sexual cometidos contra los alumnos de una institución, pueden ayudar también haciendo conciencia en los pequeños que las denuncias falsas realizadas por simple diversión a través de llamadas telefónicas de emergencia y otros mecanismos, causan mucho daño a quienes realmente están en peligro de sufrir un daño.
Por otra parte, quienes trabajan en el transporte público también podrían proporcionar información relevante sobre accidentes y la comisión de delitos patrimoniales o de violencia; quienes laboran en unidades médicas podrían proporcionar dar mayores datos sobre delitos cometidos contra la vida, salud, e integridad de las personas; los órganos representativos de los sectores de la producción podrían coordinarse con las autoridades para establecer canales que permitan combatir de mejor manera los delitos y las faltas administrativas de los servidores públicos, el lavado de dinero, la evasión fiscal, y el contrabando, entre otros.
Asimismo, debemos requerir a las autoridades a estar más atentas y dar seguimiento a la información que día a día aparece en los medios de comunicación vinculadas con diversos delitos de todo tipo (penal, electoral, fiscal, faltas administrativas), sobre todo de aquéllos que se siguen de oficio.
Debemos recordar que cuando la sociedad organizada es la que denuncia, por más que las autoridades quieran esconder un hecho, éste es sometido inclusive al escrutinio de la comunidad internacional, como en el caso de las “Muertas de Juárez”, y tengo la confianza de que las poblanas y los poblanos somos capaces de alzar la voz por aquéllos que ya no lo pueden hacer, por aquéllos que tienen miedo o no tienen la fuerza, por aquéllos que no son escuchados. Tú ¿aceptas el reto?